¿Comité de expertos en los PANAP? Aragón vuelve a abrir el debate

Supuesto de hecho:

Se interpone recurso especial contra la adjudicación de un contrato de servicios de arquitectura para la redacción de los proyectos necesarios para la promoción de viviendas.

Entre los motivos de impugnación, la recurrente cuestiona que la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor se haya realizado sin constituir un comité de expertos, pese a que estos criterios tenían una ponderación superior a la de los evaluables mediante fórmulas.

La entidad contratante es una sociedad mercantil municipal que tiene la condición de PANAP.

Dictamen de Tribunal:

El Tribunal aborda la cuestión partiendo del artículo 146.2.a) de la LCSP, que establece la intervención de un comité de expertos para valorar los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor cuando su ponderación sea superior a la de los criterios evaluables automáticamente.

Sin embargo, el precepto se refiere expresamente a los procedimientos celebrados por los órganos de las Administraciones Públicas. Por ello, el Tribunal considera que esta exigencia no resulta aplicable a las sociedades mercantiles municipales que, aun teniendo la condición de poder adjudicador, no tienen naturaleza de Administración Pública.

En consecuencia, entiende que la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor podía realizarse conforme al régimen previsto en el artículo 146.2.b) de la LCSP, sin necesidad de constituir el comité de expertos contemplado en la letra a).

Por tanto, el Acuerdo introduce una interpretación distinta sobre el alcance subjetivo del artículo 146.2.a) de la LCSP, atendiendo a la distinción entre poderes adjudicadores que tienen la condición de Administración Pública y aquellos que no la tienen.

Conclusión:

El Tribunal desestima el recurso y considera que las sociedades mercantiles municipales que tienen la condición de poderes adjudicadores, pero no de Administraciones Públicas, no están obligadas a constituir un comité de expertos conforme al artículo 146.2.a) de la LCSP, aunque los criterios sujetos a juicio de valor tengan una ponderación superior a los evaluables mediante fórmulas.

Esta interpretación resulta especialmente interesante si se compara con el criterio recogido en el Informe 6/2022 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón y en la Resolución 256/2024 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que habían considerado exigible la constitución de un comité de expertos en procedimientos de contratación de PANAP cuando los criterios sujetos a juicio de valor tuvieran mayor ponderación que los evaluables mediante fórmulas.

Una interpretación que se aparta del criterio que habíamos recogido en nuestra anterior entrada sobre los PANAP y que vuelve a abrir el debate sobre el alcance de esta obligación.

Acuerdo 122/2026 del TACPA

Imagen por @the_graphic_bakery

10/11/2026